Primer milagro de León XIV en Argentina

“Aprovechemos, que hay ‘efecto Papa’”. Bajo ese paraguas casi sagrado, la política argentina asistió esta semana a lo que puede considerarse un acontecimiento extraordinario. Por primera vez en la gestión libertaria, mileístas y kirchneristas coincidieron en votar juntos un proyecto de ley. Fue en la Cámara de Diputados y le dieron una abrumadora media sanción nada menos que a una nueva legislación sobre discapacidad, una cuestión que desató grandes controversias por la rigidez del Gobierno en atender las demandas del sistema, mientras sus (ex) autoridades y proveedores están procesados por coimas millonarias. Esta suerte de milagro obedece al “efecto Papa” del textual inicial, concepto que se le adjudica al diputado misionero Oscar Herrera Ahuad (peronista no K) para convencer a la bancada de Unión por la Patria de que sumara los cambios que quisieran al proyecto oficialista de discapacidad, porque iban a ser aceptados.

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Según el legislador, las críticas públicas del Episcopado argentino a la iniciativa oficialista y la advertencia de que en su próxima visita al país (de confirmarse tras la cirugía que le hicieron) León XIV podía hacer referencia a la falta de sensibilidad social, abrieron las puertas a estas modificaciones de último momento. Herrera Ahuad fue el puente de la negociación en la Cámara entre libertarios y kirchneristas. Así, en la madrugada del jueves 22, se logró la media sanción con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El amplio consenso incluyó a los bloques de LLA, PRO, UCR, UxP y gran parte de las bancas de fuerzas provinciales. Un acuerdo tan vasto solo se logró en el Senado con la mayoría de los ascensos judiciales que promovió el ministro Juan Bautista Mahiques. Resulta inédito en leyes. En el Gobierno ofrecen otra versión de los hechos. Según dejaron trascender fuentes oficiales, la decisión de volver a aplicar pragmatismo político para alterar el dictamen que LLA iba a llevar al recinto se tomó el martes 20, en la habitual reunión de mesa política que lidera Karina Milei. Allí, de acuerdo con el relato oficialista, Martín Menem (el karinista al mando de la Cámara de Diputados) llevó la voz cantante para “lograr lo posible, no necesariamente lo deseable”, con el fin de obtener la aprobación. Los voceros negaron que tuviera relación con la llegada del Papa, pero sí concordaron en que el tema podía ser muy conflictivo con vistas a la campaña electoral por la reelección de Javier Milei. Es cierto, como ya se ha hecho referencia en este espacio en anteriores oportunidades, que el Gobierno actúa con mayor flexibilidad política que la que dice tener. Contrasta en especial cuando la vocería la ejerce el propio Presidente, con su irascibilidad a boca de jarro, como volvió a exhibir en España. También en el Congreso, la ductilidad libertaria se ejemplificó en los últimos días con la reincorporación de los límites para extranjeros en la compra de tierras (dentro de la ley de propiedad privada), como imponía la legislación aprobada durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. O en la postergación del proyecto sobre Malvinas, después de que EE.UU. hiciera saber el riesgo de que las sanciones a empresas que operen en las islas involucren a firmas norteamericanas. Pero la romántica narrativa violeta sobre su protagonismo en el acuerdo por discapacidad choca con ciertas curiosidades. Una de ellas es que, si tan decisivo fue el accionar de la hermanísima y de Menem para lograrlo, se entiende poco que Milei haya evitado valorarlo a través de sus redes sociales, donde olímpicamente lo ignoró. Tampoco está clara la preponderancia oficialista cuando su despacho original fue transformado casi por completo, para adquirir prácticamente el formato del dictamen que por minoría había hecho la oposición. Acaso estas inconsistencias del guion oficial se expliquen desde los silencios. No solamente del Presidente, sino también del ministro de Economía. De acuerdo con las filtraciones sobre los cambios en discapacidad que se habrían validado en la mesa política del martes, Luis ‘Toto’ Caputo fue preso del mutismo. Llamativo sosiego el del jefe del Palacio de Hacienda. Más si se tiene en cuenta que, en relación con el proyecto original oficialista, los artículos que se sumaron de la oposición aumentan el costo fiscal previsto. Eso obliga a meter mano en el Presupuesto 2027 para contemplar las nuevas partidas, con la particularidad de que además de no estar previstas, en la propuesta presupuestaria inicial habían sufrido una poda, lo que provocó el enojo público de la siempre sensible Patricia Bullrich. ¿De cuánto sería ese impacto fiscal? “Estamos haciendo cuentas”, comentan desde Economía. La respuesta lleva a otro interrogante. ¿La mesa política impulsa acuerdos con la oposición sin que Caputo y su equipo hayan hecho el cálculo de la cantidad de fondos públicos requerida y de dónde van a salir? Dos aproximaciones a semejante peculiaridad. Una hay que enmarcarla dentro del contexto de fricción creciente entre el brazo político y el económico del Gobierno. Uno y otro se endilgan la mayor responsabilidad de que siga sin estar asfaltado el tránsito hacia la reelección presidencial del próximo año. Los recelos y cortocircuitos se prevén peores si la economía no reacciona en el avance del calendario electoral. La segunda dimensión es una sospecha compartida por un puñado de dirigentes oficialistas y opositores. La posibilidad de que LLA patee para adelante el debate por discapacidad en el Senado, cuando la espuma papal haya bajado, y el proyecto languidezca. Otra aprensión, peor aún, es que el ministro Caputo, con la anuencia de Milei, desactive administrativamente el cumplimiento de la ley, como ya pusieron en práctica con la propia legislación de discapacidad y el financiamiento universitario. Gente de poca fe.