Procesaron al exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores de OSPRERA por presunta corrupción

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio comercial de Martín Menem, y a los exinterventores de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) Virginia Montero y Marcelo Petroni, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante la intervención de la entidad. La resolución judicial alcanzó a los tres por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Además, el magistrado dispuso embargos sobre sus bienes por hasta $1.463 millones para cada uno de los procesados. La causa se concentra en el contrato entre OSPRERA y HTECH Innovation, una empresa constituida en abril de 2024, que comenzó a prestar servicios informáticos a la obra social pocos meses después. La firma realizó tareas vinculadas con consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software.

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Quién es Sergio Aguirre, el socio de Martín Menem que investiga la Justicia por presunta corrupción Según la investigación, HTECH recibió pagos de OSPRERA por un total cercano a $266 millones entre noviembre de 2024 y julio de 2025. El juez, sin embargo, estableció en su resolución que el presunto perjuicio investigado alcanzaría los $247.836.858,63, correspondiente a las ganancias que habría obtenido la empresa a partir del contrato cuestionado. El expediente también puso bajo análisis las condiciones en las que se produjo la contratación. De acuerdo con la investigación judicial, HTECH no contaba con antecedentes, empleados registrados ni facturación previa cuando comenzó a trabajar para OSPRERA. La contratación inicial fue realizada durante la gestión de Virginia Montero y posteriormente Marcelo Petroni, su sucesor, renovó y amplió el vínculo. Martín Menem Qué determinó la Justicia sobre el vínculo con Martín Menem El nombre del presidente de la Cámara de Diputados aparece en la causa por su relación comercial previa con Aguirre. Ambos fueron socios en TR Nutrition SRL, una empresa dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. Esa sociedad es diferente de HTECH, la compañía que recibió los pagos investigados por la Justicia. El procesamiento dictado por Casanello alcanza a Aguirre y a los exinterventores de OSPRERA, pero no implica un procesamiento contra Martín Menem. El vínculo empresarial entre ambos forma parte del contexto de la investigación, aunque el actual titular de Diputados no fue alcanzado por esta resolución. Otro de los elementos incorporados al expediente es la relación entre Aguirre y su madre, María Casandra Mirabelli. Ella figuraba como presidenta de HTECH y, de acuerdo con la investigación, también se desempeñaba como secretaria privada de Petroni mientras la empresa mantenía su contrato con la obra social. La red de los Menem en el Estado: hay al menos 17 familiares con cargos públicos y negocios millonarios La Justicia también analizó el destino de parte del dinero recibido por HTECH. Los investigadores detectaron operaciones realizadas durante el período investigado y la adquisición de vehículos de alta gama por parte de personas vinculadas con la compañía, elementos que fueron incorporados al expediente. La decisión de Casanello se conoció después de que los involucrados fueran citados a indagatoria durante julio. En esas declaraciones, Montero defendió la contratación de HTECH, mientras que Aguirre negó haber participado en el procedimiento que terminó con la selección de su empresa. Petroni, por su parte, sostuvo que cuando asumió la intervención el vínculo contractual ya había sido establecido durante la gestión anterior. El antecedente de la Cámara Federal El procesamiento se produjo pocas semanas después de una decisión de la Sala II de la Cámara Federal porteña que había anulado parte de las medidas de prueba realizadas durante la investigación. El 10 de septiembre, los camaristas resolvieron dejar sin efecto el allanamiento realizado en el domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas obtenidas a partir de ese dispositivo. En otra resolución, también habían dejado sin efecto los embargos que Casanello había ordenado previamente sobre el patrimonio de los imputados. Ese fallo no implicó el cierre de la investigación. La causa continuó bajo la instrucción de Casanello y con la intervención del fiscal federal Guillermo Marijuán, que había impulsado las indagatorias de los involucrados. RG/ML