Proponen herramientas de alivio fiscal y financiero para el sector de discapacidad en Río Negro

Se trata de un sector que viene castigado por el gobierno nacional debido a los recortes. Ante esto, surgió una propuesta que también incluye a los que tienen deudas, con un plan de pago.Los impulsores del proyecto del régimen especial son María Laura Frei y Juan Murillo. Foto ilustrativa
Una iniciativa busca brindar herramientas de alivio fiscal y financiamiento para contribuir a la continuidad de servicios esenciales y de apoyo centros terapéuticos, instituciones, profesionales y transportistas que trabajan con personas con discapacidad.Te puede interesar: Proponen debatir la creación de un Fondo Rionegrino para la Vivienda: cómo se implementaríaEl proyecto presentado es para crear el Régimen Especial de Regulación de Deudas Tributarias Provinciales. La ley, legisladores que están detrás del proyecto, María Laura Frei y Juan Murillo (PRO Unión Republicana), abarca también a prestadores registrados, entidades sin fines de lucro, profesionales independientes, transportistas habilitados y contribuyentes que acrediten la convivencia y el cuidado de personas con discapacidad.“El régimen contempla la regularización de deudas provinciales vinculadas a Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, e incorpora la condonación total de intereses, multas y recargos, además de planes de pago de hasta 36 cuotas”, contó Murillo.Por otro lado, subrayó que también está establecido la suspensión de juicios de apremio, el levantamiento de medidas cautelares una vez formalizado el plan y la rehabilitación de la condición de contribuyente regular. Otro aspecto destacado es la inclusión de un régimen especial para familias que tienen a su cargo personas con discapacidad, permitiéndoles acceder a mecanismos de regularización de deudas generadas en actividades destinadas al sostenimiento económico del hogar.“El proyecto propone ampliar la exención del Impuesto Automotor para instituciones dedicadas a la atención y rehabilitación de personas con discapacidad, alcanzando a vehículos utilizados para traslados y tareas asistenciales. Establece, además, que la Agencia de Recaudación Tributaria será la autoridad de aplicación y fija un plazo de adhesión de 180 días desde la reglamentación del régimen”, indicaron.