Política
Proponen incentivar el empleo inclusivo en el sector privado a través de beneficios

La impulsora del proyecto, la legisladora Roberta Scavo, subrayó que se impondrá un importante alivio fiscal para aquellas grandes, medianas y pequeñas empresas que den este paso. El proyecto busca llegar al sector privado. Foto ilustrativa
Buscan crear un marco regulatorio para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad dentro del sector privado. Para esto, ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley en el que se establecen una serie de herramientas de incentivo fiscal para los empleadores.Te puede interesar: Avances para un nuevo loteo con la obra de electricidadLa legisladora Roberta Scavo (ARI-Cambiemos) remarcó que, si bien el Estado provincial cuenta con normativas de inclusión que están vigentes, no alcanzan al sector comercial privado. De aprobarse, aquellos que contraten personas que tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder a este alivio fiscal.La legisladora explicó que con este paso se busca saldar una “asimetría estructural” en el mercado de trabajo rionegrino, compensando con menos impuestos en Ingresos Brutos a quienes sumen inclusión. El foco está puesto en las empresas, cooperativas, mutuales y ONGs radicadas en la provincia.“Quienes contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado, obtendrán un Crédito Fiscal mensual equivalente al 50% de las contribuciones patronales de dicho personal”, remarca el texto de Scavo.Además, para reconocer el esfuerzo de los comercios y Pymes que ya vienen apostando a la inclusión, la ley contempla un beneficio retroactivo: los empleadores que ya tengan personas con discapacidad en su plantilla formal podrán solicitar el reconocimiento de este crédito fiscal hasta con seis meses de retroactividad.Por otro lado, para evitar abusos y garantizar que el beneficio resguarde la salud financiera de la provincia, el articulado fija límites estrictos. El descuento mensual nunca podrá superar el 35% del total del Impuesto a los Ingresos Brutos determinado por la empresa en ese período. El crédito fiscal tendrá un techo máximo equivalente al 50% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) nacional.Establece que el presupuesto provincial de cada año fijará un monto máximo cerrado para este programa. Una vez agotado, se suspenderá la entrega de nuevos créditos.Asimismo, el proyecto impone fuertes condiciones a las empresas beneficiarias. Aquellas que incurran en empleo no registrado, tengan deudas fiscales o hayan reducido de manera injustificada su plantilla laboral en los seis meses previos a la solicitud, quedarán excluidas y el beneficio les será revocado de forma automática y con efectos retroactivos.El proyecto es impulsado por la legisladora Roberta Scavo El rol del Estado y una bolsa de empleo provincialDe aprobarse la normativa, la autoridad de aplicación será compartida de manera interinstitucional entre el Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad y el Ministerio de Trabajo. Estas áreas no solo fiscalizarán que los puestos cumplan con las condiciones de accesibilidad física y salubridad necesarias, sino que además gestionarán y actualizarán el Registro Provincial de Postulantes con Discapacidad para el Sector Privado, articulando los perfiles profesionales con las oficinas de empleo de los municipios rionegrinos.





