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Reformularon cargos contra un policía por vejaciones y sobreseyeron a otro efectivo
La fiscalía modificó la acusación contra el agente Bruno Muñoz por un hecho ocurrido en junio de 2025. El juez de garantías hizo lugar al pedido de sobreseimiento del sargento primero José Jorge Osés tras el análisis de videos y testimonios incorporados a la investigación.
Foto Policía de Neuquén.
La fiscal del caso Natalia Rivera reformuló la acusación contra el policía Bruno Muñoz por el delito de vejaciones y apremios ilegales en una causa vinculada a un procedimiento ocurrido en la ciudad de Chos Malal. En la misma audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento del sargento primero José Jorge Osés, al considerar que las pruebas reunidas no permiten sostener la imputación en su contra.
El planteo se realizó durante una audiencia en la que la fiscalía reformuló la acusación y se llevó adelante un control del plazo de la investigación. El juez de garantías Juan Pablo Balderrama hizo lugar a los pedidos presentados por el Ministerio Público Fiscal.
La causa se inició el 15 de septiembre de 2025, cuando la fiscalía formuló cargos contra ambos policías por hechos que habrían ocurrido durante la madrugada del 14 de junio de ese año en la esquina de Belgrano y Sarmiento, en la ciudad de Chos Malal.
La hipótesis
De acuerdo con la investigación, un hombre y una mujer se encontraban dentro de un vehículo estacionado cuando los efectivos policiales se acercaron durante un patrullaje para solicitar la documentación correspondiente. En ese contexto se produjo un forcejeo con el conductor.
Según la imputación sostenida por la fiscalía, Muñoz habría golpeado con puños en el rostro al conductor a través de la ventanilla del vehículo. Posteriormente, extrajo a la mujer del automóvil, la hizo caer al suelo, la arrastró y la esposó contra el vehículo.
Para la fiscalía, ese accionar constituyó un trato abusivo, denigrante y humillante hacia las personas involucradas en el procedimiento.
Durante la audiencia también se realizó el control del plazo de la investigación. A pedido de la defensa, el juez resolvió prorrogar por un mes la etapa investigativa con el objetivo de incorporar nuevas medidas de prueba, entre ellas el análisis de registros de video y documentación vinculada a un sumario administrativo policial.
Las víctimas cuentan con representación particular, que interviene en el proceso como querellante.
