Reformularon cargos contra una empleada del Registro Civil de Neuquén por cobros ilegales

La fiscalía agravó la acusación contra una funcionaria pública por exigir dinero indebido para un casamiento y por consignar datos falsos en un acta matrimonial. La investigación fue prorrogada por tres meses.
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén avanzó en la investigación contra una empleada del Registro Civil, acusada de haber realizado cobros ilegales y de haber incurrido en falsedad ideológica en la confección de un acta matrimonial. Durante una audiencia realizada este martes, la fiscalía reformuló los cargos y sumó agravantes y nuevas consecuencias económicas vinculadas a la conducta investigada.La reformulación fue presentada por el asistente letrado Facundo Bernat, quien explicó que se mantuvieron los hechos y delitos originalmente imputados, aunque se incorporaron agravantes en la calificación legal, entre ellos el agravamiento del delito de falsedad ideológica por tratarse de una funcionaria pública.El presunto cobro indebidoDe acuerdo con la exposición fiscal, el primer hecho ocurrió el 6 de enero de 2025, cuando la imputada, en su carácter de oficial pública del Registro Civil, habría requerido a una pareja el pago de 90 mil pesos para poder concretar un casamiento. Según la acusación, la mujer argumentó que el sellado abonado no correspondía al trámite, y solicitó la transferencia del dinero a una cuenta personal.La fiscalía ratificó que ese accionar configura un presunto cobro ilegal, al no estar previsto en la normativa vigente y al haber sido realizado fuera de los canales oficiales del Estado.Irregularidades en el acta matrimonialEn cuanto al segundo hecho, Bernat sostuvo que la empleada incurrió en falsedad ideológica agravada, ya que al confeccionar el acta del matrimonio omitió consignar que la ceremonia se realizó a domicilio y no dejó asentados los testigos exigidos por la normativa.En esta instancia, el Ministerio Público Fiscal incorporó un nuevo elemento: las irregularidades no solo constituyeron una falsedad documental, sino que también generaron un perjuicio patrimonial al Estado, debido al no pago de la tasa correspondiente al casamiento a domicilio. Además, la situación obligó a los contrayentes a rectificar la documentación oficial.Delitos imputados y avance del procesoEl asistente letrado encuadró la conducta en los delitos de exacciones ilegales agravadas, por haber convertido en propio el provecho del ilícito, y falsedad ideológica agravada, por haber sido cometida por una funcionaria pública, ambos en concurso real y en carácter de autora.Finalmente, la fiscalía solicitó una prórroga del plazo de investigación por tres meses, pedido que fue avalado por el juez de garantías Juan Guaita, quien también hizo lugar a la reformulación de los cargos.La causa continuará en etapa de investigación, mientras se profundizan las medidas probatorias para determinar el alcance de las responsabilidades penales de la funcionaria imputada.