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Robó fondos para familias vulnerables, lo condenaron y ahora pidió que le paguen el sueldo del Estado
Figueroa rechazó el reclamo de un condenado para que le paguen los sueldos retenidos.
El exfuncionario fue condenado por la causa de Planes Sociales.
El gobierno de Neuquén rechazó el reclamo de un exfuncionario condenado por la Justicia, que buscaba que la Provincia le pagara los sueldos que le habían retenido tras ser apartado de su cargo por corrupción. Se trata de Tomás Siegenthaler, ex coordinador de administración del entonces Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez, condenado por su participación en la denominada causa de los planes sociales.
Siegenthaler fue uno de los responsables de haber desviado fondos que estaban destinados a familias en situación de vulnerabilidad, dinero que finalmente nunca llegó a sus destinatarios. En la misma causa también resultaron condenados el ex ministro Abel Di Luca y el ex director de Planes, Ricardo Soiza. En los tres casos, la Justicia dispuso una condena de 5 años de prisión efectiva.
El reclamo del exfuncionario
El 8 de diciembre de 2025, Siegenthaler presentó un recurso administrativo con el que insistía en su reclamo: pedía el levantamiento de la suspensión preventiva con retención de haberes que le habían aplicado antes de ser despedido, su reincorporación a las tareas habituales, y el pago retroactivo de sueldos, aportes sociales y previsionales, más los intereses correspondientes desde octubre de 2024.
El pedido recorrió las distintas instancias administrativas sin obtener respuesta favorable, y hace pocos días el gobernador Rolando Figueroa rechazó en todos sus términos el recurso presentado. Desde el Gobierno provincial argumentaron que la situación del exfuncionario ya no está determinada por una medida preventiva de carácter transitorio, sino por una sanción disciplinaria expulsiva, dictada tras acreditarse su responsabilidad administrativa en el sumario correspondiente.
Los argumentos del rechazo
En la documentación oficial se sostuvo que la pretensión de reincorporación y de levantamiento de la suspensión “ha devenido improcedente”, ya que la relación de empleo público quedó alcanzada por los efectos del acto administrativo que dispuso la exoneración de Siegenthaler, una sanción más severa que la cesantía.
El Gobierno remarcó además que aceptar el reclamo del exfuncionario hubiera implicado un resultado “jurídicamente irrazonable y materialmente disvalioso”, ya que habría significado reconocer el pago íntegro de haberes a un agente cuya responsabilidad quedó acreditada por hechos de extrema gravedad institucional, con perjuicio directo para el patrimonio estatal y afectación de fondos destinados a atender situaciones de vulnerabilidad social.
Un caso vinculado a la gestión anterior
Siegenthaler consideraba que se había vulnerado el principio de legalidad en su caso y por eso había solicitado tanto el levantamiento de la medida como el pago de sus haberes desde el 1° de mayo de 2024. Sin embargo, la Justicia ya había dado por probado que el exfuncionario integró una maniobra destinada a apropiarse de fondos públicos que, en su destino original, debían asistir a personas en situación de desocupación y vulnerabilidad social.
Los delitos que la Justicia consideró acreditados se cometieron entre los años 2020 y 2022, período en el que gobernaba la provincia Omar Gutiérrez.
