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Tolerancia cero a las tomas en Neuquén: la Provincia priorizará a quienes cumplan los requisitos
La Provincia ratificó que las soluciones habitacionales deberán respetar registros y procedimientos.
El Gobierno de Neuquén decidió marcar un límite frente a las tomas de terrenos y evitar que las ocupaciones ilegales se transformen en una vía alternativa para acceder a tierras o viviendas. Desde Casa de Gobierno dejaron trascender una definición que resume la postura adoptada: “La tierra se adjudica por derecho, no por presión”.
El planteo busca establecer una regla clara frente a un problema que combina dos cuestiones diferentes: por un lado, la existencia de una demanda habitacional concreta; por otro, la ocupación de inmuebles públicos o privados como mecanismo para intentar acelerar una respuesta del Estado. Para el Ejecutivo, reconocer la primera problemática no implica legitimar la segunda.
La posición provincial apunta especialmente a proteger a las familias que esperan una solución habitacional dentro de los mecanismos establecidos, cumplen requisitos y permanecen inscriptas en los registros correspondientes. El razonamiento oficial es que otorgar una ventaja a quien ocupa un terreno terminaría alterando ese orden y perjudicando justamente a quienes respetan las reglas.
Un terreno donde estaban previstas nuevas viviendas
La discusión tomó mayor dimensión después de la ocupación de un predio provincial que ya tenía destino habitacional. De acuerdo con la información oficial, en esas tierras está prevista la construcción de 240 viviendas o módulos multifamiliares y 10 dúplex.
La situación genera una fuerte contradicción: la toma se realizó sobre tierras destinadas precisamente a ampliar la respuesta habitacional. Es decir, la ocupación no solamente abrió un conflicto sobre la utilización del inmueble, sino que puso en riesgo un proyecto pensado para atender la misma necesidad que los ocupantes invocan como argumento.
Frente a ese escenario, la Provincia busca evitar que la política habitacional quede condicionada por hechos consumados. La intención es que las adjudicaciones se determinen a partir de criterios previamente establecidos y no por la capacidad de un grupo de ejercer presión mediante una ocupación.
El Gobierno reconoce que Neuquén atraviesa una fuerte demanda de viviendas, impulsada también por el crecimiento económico y demográfico de los últimos años. Pero sostiene que justamente esa realidad obliga a establecer prioridades transparentes porque son miles las familias que necesitan una respuesta y no existe una solución inmediata para todos.
Investigan una convocatoria organizada por redes sociales
La Secretaría de Vivienda y Hábitat llevó el episodio ante el Ministerio Público Fiscal mediante una denuncia por una presunta instigación pública a la ocupación ilegítima.
Según consta en la presentación, la toma no habría surgido espontáneamente, sino que habría existido una convocatoria mediante redes sociales bajo la consigna “Todos por un terreno”, con información sobre el lugar, el día y el horario para concretar la ocupación.
Ese elemento profundizó la preocupación oficial. Para el Gobierno, una cosa es atender situaciones individuales de vulnerabilidad habitacional y otra diferente es permitir la organización deliberada de ocupaciones como método para acceder a terrenos.
La Justicia, en paralelo, ordenó desalojar el inmueble dentro de un plazo máximo de 48 horas y dispuso que posteriormente sea restituido al IPVU.
Neuquén Habita y RUPROVI, las vías para acceder
La respuesta que plantea la administración provincial pasa por fortalecer los mecanismos institucionales existentes, entre ellos Neuquén Habita y el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RUPROVI), que permanece abierto para quienes buscan acceder a soluciones habitacionales.
El principio que intenta establecer el Ejecutivo es sencillo: tener una necesidad habitacional no habilita a apropiarse de un terreno, del mismo modo que ingresar por la fuerza a un inmueble no puede significar obtener prioridad frente a otra familia que lleva años esperando dentro del sistema.
De lo contrario, advierten, se generaría un incentivo profundamente injusto: quienes respetan las normas quedarían detrás de quienes deciden desconocerlas. La consecuencia podría ser además una multiplicación de las ocupaciones cada vez que exista una demanda insatisfecha.
