Una institución sin lugar – Diario Río Negro

La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo del cuestionado Manuel Adorni, concentró los análisis en el perfil del nuevo funcionario, en sus capacidades políticas o en los desafíos que tendrá en su gestión. Sin embargo, también reabrió un debate jurídico y político de fondo, menos visible, sobre este cargo: Argentina aún no logra dotar de contenido efectivo a una de las principales innovaciones de la reforma constitucional de 1994, que buscaba mejorar la calidad institucional.

La creación de la Jefatura de Gabinete tenía la intención expresa de moderar el presidencialismo argentino y sus excesos mediante la incorporación de una figura inspirada en los regímenes parlamentarios y destinada a generar confianza ciudadana mediante el control político. El nuevo funcionario debía ejercer la administración general del país, ser un puente entre el Ejecutivo y el Congreso, comparecer periódicamente ante los legisladores, responder preguntas públicas y asumir la responsabilidad política por la marcha de la gestión.

El balance, a más de tres décadas de su implementación, es tan contundente como negativo. Lejos del “primer ministro” con peso propio imaginado por los constituyentes, terminó siendo un   “ministro coordinador” subordinado a la voluntad del presidente y a las necesidades coyunturales de cada administración.

Las herramientas de control parlamentario casi nunca fueron utilizadas. De los 24 funcionarios que han ocupado el cargo, casi ninguno logró transformar esa visibilidad y poder en un liderazgo político autónomo o en una candidatura presidencial exitosa, salvo Alberto Fernández. En parte, porque estos funcionarios terminan cumpliendo la función de escudo o “pararrayos presidencial”: absorben el desgaste de la gestión y defender estrategias que a menudo no diseñan.  

La evaluación de varios constitucionalistas sobre la institución es lapidaria. Daniel Sabsay la considera “un fiasco” ya que no logró atenuar el presidencialismo y por el contrario consolidó un esquema en el que facultades extraordinarias del Ejecutivo (como los DNU) adquirieron reconocimiento constitucional. Su colega Félix Lonigro agregó el cuestionamiento al control parlamentario, ya que los mecanismos de interpelación y censura son de una complejidad tal que explican, al menos en parte, que jamás se hayan aplicado. Andrés Gil Domínguez opinó que estas herramientas constitucionales tienen plena vigencia, y que el problema no ha sido tanto el diseño constitucional como la escasa voluntad política de aplicar los mecanismos de control. Desde una mirada más estructural, Roberto Gargarella recurre a una figura particular para explicar la contradicción: la reforma de 1994 incorporó una institución y nuevos derechos, pero no alteró el núcleo, la verdadera “sala de máquinas” que habilita la concentración del poder. La Jefatura de Gabinete terminó así subordinada a la lógica que pretendió equilibrar.

Los hechos confirman el negativo diagnóstico. La obligación constitucional de concurrir mensualmente al Congreso a informar sobre la marcha del Gobierno ha sido cumplida de manera irregular y discrecional por administraciones de distinto signo político. El mecanismo de censura nunca fue aplicado. La alta rotación de funcionarios en el cargo revela que el jefe de Gabinete es más una pieza del esquema político de cada presidente que una institución con estabilidad y autoridad propias, o de articulación y control que imaginaron los constituyentes.

Las consecuencias exceden lo jurídico. La devaluación de la Jefatura de Gabinete no es sólo el fracaso de una innovación constitucional, expresa una dificultad profunda de la democracia argentina para producir confianza institucional. El sociólogo e historiador francés Pierre Rosanvallon advierte que la legitimidad de las democracias actuales ya no se sostiene sólo sobre el principio de representación mediante el voto, necesitan de la existencia de mecanismos permanentes de control, transparencia y rendición de cuentas. Cuando estas instituciones dejan de funcionar, la confianza pública se erosiona y los gobiernos pierden esa legitimidad cotidiana.

Las propuestas de reforma de la Jefatura de Gabinete han sido variadas: desde la eliminación directa del cargo a mecanismos que dan más injerencia al Congreso en su designación y remoción.

En todo caso forma parte de un debate necesario más amplio que el nombre del funcionario de turno:  preguntarse sobre la creciente distancia entre una Constitución que promete equilibrio de poderes y una práctica política que, una vez más, concentra las decisiones en el Ejecutivo en vez de limitarlo.