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Una jueza suspendió por 60 días el nuevo régimen penal juvenil en Buenos Aires



La medida alcanza a todo el territorio provincial y cuestiona la capacidad del sistema para recibir a los adolescentes alcanzados por la reforma.

Apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, la Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender durante 60 días su aplicación en todo el territorio bonaerense. La norma establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad.

La medida fue dispuesta por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.

El argumento central del fallo es la falta de condiciones suficientes en el sistema bonaerense para afrontar el posible aumento de adolescentes que podrían ingresar al régimen penal. La jueza cuestionó si la provincia cuenta actualmente con la infraestructura, los recursos materiales y los equipos profesionales necesarios para alojarlos sin vulnerar sus derechos.

La nueva legislación amplía el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal al establecer que las personas de 14 y 15 años pueden quedar comprendidas por el régimen en los casos previstos por la ley. La normativa también contempla penas y medidas alternativas a la privación de la libertad y fija un nuevo esquema para el cumplimiento de las sanciones.

En su resolución, Pascual advirtió que la reforma podría generar un incremento en la cantidad de menores privados de la libertad, tanto por nuevos ingresos como por una mayor permanencia dentro de los dispositivos de alojamiento.

La magistrada recordó además que su propio juzgado había establecido anteriormente un límite de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora debido a que el establecimiento no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad.

Si bien el fallo reconoce mejoras recientes en aspectos como la provisión de agua potable, alimentación e infraestructura, sostiene que el sistema todavía presenta deficiencias que podrían afectar derechos fundamentales. Entre ellas, menciona dificultades vinculadas con el acceso a la educación, la capacitación laboral y la reinserción, además de la necesidad de reducir los períodos de aislamiento.

La resolución también plantea que las condiciones de alojamiento no constituyen solamente una cuestión vinculada con los derechos de los adolescentes, sino que pueden tener consecuencias sobre la seguridad pública. Según el razonamiento de la jueza, el hacinamiento y las condiciones de encierro pueden incidir en los niveles de violencia dentro de los establecimientos y en el proceso de reinserción posterior.

La suspensión alcanza a la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense y fue ordenada como una medida preventiva. La jueza dispuso que el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia adopten las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento durante el plazo establecido.

Además, convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, a las 10, en la sede del tribunal. Allí, los funcionarios provinciales responsables de la implementación deberán informar qué medidas adoptaron, cuáles proyectan y qué plazos manejan para adecuar el sistema a las exigencias de la nueva normativa.

La decisión judicial se conoció el mismo día en que el Gobierno nacional publicó la reglamentación de la Ley 27.801 mediante el Decreto 875/2026. La reglamentación establece al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito de la Justicia nacional y federal y prevé mecanismos de coordinación con las provincias.

De este modo, la nueva normativa quedó en vigencia a nivel nacional, pero encontró en Buenos Aires un freno judicial preventivo que abre una nueva discusión sobre la capacidad de las provincias para implementar el régimen y garantizar las condiciones necesarias para su funcionamiento.

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