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Vialidad: los abogados de Cristina dicen tener una prueba nueva y piden la ONU revise el fallo
Sus abogados sostienen que una prueba de la causa Los Cuadernos contradice un dato central de la sentencia. Piden además el fin de la prisión domiciliaria.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner —Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego— presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un pedido para revisar la condena que pesa sobre ella en la causa Vialidad. Según sostuvieron los abogados, una prueba incorporada a la causa Los Cuadernos —un testimonio brindado el 6 de agosto por un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad— contradice un dato que la sentencia original tomó como probado, vinculado al destino de fondos de un fideicomiso previsto en el artículo 54 de una de las normas juzgadas.
“La sentencia a Cristina es injusta y la imputación fue absolutamente falsa”, afirmó Beraldi en una conferencia de prensa, sin que hasta el momento haya una respuesta pública de la Fiscalía ni del Tribunal Oral Federal que dictó la condena original. La defensa había presentado el 29 de julio una comunicación individual ante el organismo internacional, en el marco de una estrategia que ya incluyó, en instancias previas, un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Qué pide la defensa
Entre las medidas cautelares solicitadas, los abogados pidieron levantar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recae sobre Kirchner, condición que —de mantenerse— le impediría competir electoralmente en 2027. También reclamaron la restitución de la integración plena de la Corte Suprema, que hoy funciona con tres miembros, y modificaciones al régimen de prisión domiciliaria que cumple la expresidenta: el retiro de la tobillera electrónica, mayor flexibilidad en las visitas y acceso al aire libre.
El escrito invoca presuntas violaciones a distintos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre ellos el derecho a ser elegido, la presunción de inocencia, el derecho a un tribunal imparcial y la garantía de doble instancia judicial. Cabe aclarar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU no tiene facultades para anular ni modificar sentencias de tribunales argentinos: sus dictámenes son recomendaciones sin fuerza vinculante directa sobre las decisiones judiciales locales, aunque pueden generar presión política y diplomática sobre el Estado.
