Villa La Angostura atraviesa una crisis de institucionalidad que ya no puede ocultarse bajo la alfombra del discurso oficial. Documentos recientes emitidos por la Auditoría Municipal y la flamante Defensoría del Pueblo ponen al desnudo una preocupante realidad: el uso del aparato administrativo no como una herramienta de justicia y orden, sino como un mazo para golpear derechos laborales básicos, ignorando —por impericia o por diseño— las garantías constitucionales más elementales.

Un manual de «cómo no hacer las cosas»

Lo que revelan los informes sobre los sumarios administrativos de las agentes Rosa Orellana y Jesica Maldonado es, sencillamente, un escándalo jurídico. No se trata de errores menores; estamos ante «vicios graves» que parecen sacados de un manual de autoritarismo burocrático.

¿Cómo es posible que en un Estado de derecho se ignore el derecho a la defensa? La Auditoría Municipal ha sido tajante: la instrucción del sumario contra Orellana (Decreto N° 1408/2025) fue calificada de «deficiente, desproporcionada e irracional». Se castigó a una trabajadora sin permitirle el descargo correspondiente, vulnerando el Estatuto del Personal Municipal. Aquí no hubo justicia, hubo una decisión tomada de antemano que buscó un expediente que la justificara a posteriori.

La Defensoría contra el atropello

El informe del Defensor del Pueblo en la Nota N° 42/2026 es aún más demoledor. El organismo señala una confusión procesal que roza lo absurdo: se citó a las agentes como «testigos» cuando en realidad eran las «acusadas», privándolas de la posibilidad de defenderse con asistencia letrada y de producir pruebas.

Más grave aún es la ligereza con la que se dispuso la exoneración de Maldonado por «notoria indignidad moral», un concepto subjetivo que la Municipalidad utilizó sin fundamentar ni explicar. ¿Quién define la moral en el Ejecutivo local? ¿Con qué vara se mide la dignidad de un trabajador cuando los propios procesos municipales carecen de integridad legal?

El costo de la negligencia

Este accionar no es gratuito. El incumplimiento de los plazos, las notificaciones mal cursadas a abogados sin personería y la violación de la Carta Orgánica Municipal tienen una consecuencia directa: la nulidad.

La gestión actual, encabezada por el Intendente Javier Murer, y la JACAD (Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina), parecen haber olvidado que la administración pública debe ser la primera en cumplir la ley. Al forzar sumarios viciados, no solo se comete una injusticia contra los trabajadores, sino que se expone al erario público a futuras demandas judiciales y resarcimientos que terminaremos pagando todos los vecinos.

Conclusión

La Auditoría y la Defensoría han cumplido su rol: advertir el desastre antes de que sea irreversible. Ahora, la pelota está en la cancha del Ejecutivo y de la JACAD. Si no hay una rectificación inmediata y un archivo de estas actuaciones viciadas, quedará confirmado que en la Municipalidad de Villa La Angostura, la ley es apenas una sugerencia opcional para quienes ostentan el poder.

Es hora de que la prolijidad administrativa deje de ser una excepción y vuelva a ser la norma.

La Policía Federal Argentina concretó la extradición de un ciudadano ruso de 38 años que era buscado por la Justicia de su país por una causa de estafa. El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones entregaron al detenido a una comisión de Interpol Moscú.

Acusado por una maniobra en Rusia

Según la investigación, el hecho ocurrió en 2022 en San Petersburgo. De acuerdo con las autoridades rusas, el hombre habría utilizado su cargo oficial para apropiarse de una propiedad perteneciente a la empresa Ferrocarriles de Rusia.

La maniobra habría generado un perjuicio económico de 559 mil rublos. Después del hecho, el acusado salió de Rusia por un paso fronterizo hacia Kazajistán y posteriormente llegó a la Argentina.

Entrega en el aeropuerto

Fuentes del procedimiento indicaron que, tiempo después, el hombre se presentó ante las autoridades argentinas, lo que permitió avanzar con el proceso judicial de extradición.

En Ezeiza, una delegación rusa arribó en un vuelo internacional y recibió al detenido bajo custodia para su traslado a Moscú, donde deberá quedar a disposición de la Justicia.

La causa tramitó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, que intervino en el trámite para concretar la entrega internacional.