Villa La Angostura atraviesa una crisis de institucionalidad que ya no puede ocultarse bajo la alfombra del discurso oficial. Documentos recientes emitidos por la Auditoría Municipal y la flamante Defensoría del Pueblo ponen al desnudo una preocupante realidad: el uso del aparato administrativo no como una herramienta de justicia y orden, sino como un mazo para golpear derechos laborales básicos, ignorando —por impericia o por diseño— las garantías constitucionales más elementales.

Un manual de «cómo no hacer las cosas»

Lo que revelan los informes sobre los sumarios administrativos de las agentes Rosa Orellana y Jesica Maldonado es, sencillamente, un escándalo jurídico. No se trata de errores menores; estamos ante «vicios graves» que parecen sacados de un manual de autoritarismo burocrático.

¿Cómo es posible que en un Estado de derecho se ignore el derecho a la defensa? La Auditoría Municipal ha sido tajante: la instrucción del sumario contra Orellana (Decreto N° 1408/2025) fue calificada de «deficiente, desproporcionada e irracional». Se castigó a una trabajadora sin permitirle el descargo correspondiente, vulnerando el Estatuto del Personal Municipal. Aquí no hubo justicia, hubo una decisión tomada de antemano que buscó un expediente que la justificara a posteriori.

La Defensoría contra el atropello

El informe del Defensor del Pueblo en la Nota N° 42/2026 es aún más demoledor. El organismo señala una confusión procesal que roza lo absurdo: se citó a las agentes como «testigos» cuando en realidad eran las «acusadas», privándolas de la posibilidad de defenderse con asistencia letrada y de producir pruebas.

Más grave aún es la ligereza con la que se dispuso la exoneración de Maldonado por «notoria indignidad moral», un concepto subjetivo que la Municipalidad utilizó sin fundamentar ni explicar. ¿Quién define la moral en el Ejecutivo local? ¿Con qué vara se mide la dignidad de un trabajador cuando los propios procesos municipales carecen de integridad legal?

El costo de la negligencia

Este accionar no es gratuito. El incumplimiento de los plazos, las notificaciones mal cursadas a abogados sin personería y la violación de la Carta Orgánica Municipal tienen una consecuencia directa: la nulidad.

La gestión actual, encabezada por el Intendente Javier Murer, y la JACAD (Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina), parecen haber olvidado que la administración pública debe ser la primera en cumplir la ley. Al forzar sumarios viciados, no solo se comete una injusticia contra los trabajadores, sino que se expone al erario público a futuras demandas judiciales y resarcimientos que terminaremos pagando todos los vecinos.

Conclusión

La Auditoría y la Defensoría han cumplido su rol: advertir el desastre antes de que sea irreversible. Ahora, la pelota está en la cancha del Ejecutivo y de la JACAD. Si no hay una rectificación inmediata y un archivo de estas actuaciones viciadas, quedará confirmado que en la Municipalidad de Villa La Angostura, la ley es apenas una sugerencia opcional para quienes ostentan el poder.

Es hora de que la prolijidad administrativa deje de ser una excepción y vuelva a ser la norma.

A través de un decreto firmado por Javier Milei, Juan Bautista Mahiques oficializó la designación de su hermano Esteban al frente del Gabinete de Asesores.
El Gobierno nacional formalizó este jueves la llegada de Esteban Mahiques a la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. La medida, oficializada mediante el Decreto 251/2026 en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Javier Milei y del propio ministro de la cartera, Juan Bautista Mahiques. Lee también: El Gobierno confirmó la transferencia de $150 mil millones a PAMI para normalizar sus pagos El nombramiento rige de manera retroactiva desde el 6 de marzo, coincidiendo con el inicio de la gestión del actual ministro. La designación generó polémica inmediata debido al vínculo de sangre directo entre el funcionario entrante y el titular del área.Para intentar mitigar las críticas, el Ejecutivo aclaró en el texto oficial que el cargo será desempeñado con carácter «ad honorem», lo que significa que el flamante jefe de asesores no percibirá un salario estatal por sus funciones. Sin embargo, el cuestionamiento gira en torno a la ocupación de un puesto estratégico por parte de un familiar directo.Este movimiento vuelve a poner la lupa sobre el influyente «clan Mahiques» en el sistema judicial y político argentino. Esteban no solo es hermano del ministro, sino también de Ignacio Mahiques, juez de Cámara porteño, e hijo de Carlos Mahiques, actual camarista de Casación. Esta red de familiares en puestos de alta jerarquía ha sido objeto de debate recurrente respecto a los criterios de idoneidad y el nepotismo en la administración pública.Antes de desembarcar en Justicia, Esteban Mahiques cumplía funciones en la Cancillería y tuvo un paso por el Tribunal de Disciplina de la AFA. Su nombre ya había cobrado relevancia pública al ser vinculado con investigaciones sobre presuntas irregularidades en el fútbol argentino, impulsadas por organismos de control. Ahora, su llegada al corazón del ministerio se da en medio de una profunda reestructuración de las áreas legales del Gobierno nacional.