Avanza la privatización de Transener y reconfigura el mapa energético argentino

El gobierno de Javier Milei avanza en la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, en una medida que se inscribe dentro de la estrategia de retiro del Estado del sector energético. La iniciativa contempla la venta de las acciones que ENARSA posee en CITELEC, la sociedad controlante de la compañía.

Transener administra una infraestructura crítica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión, a los que se suman otros 6.228 kilómetros operados por su controlada Transba. Se trata de una red clave para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, considerada un monopolio natural por su rol estratégico.

El proceso de privatización se da en un contexto de cambios regulatorios y paralización de obras de expansión impulsadas por el Estado en años anteriores. En su lugar, el Gobierno busca promover la inversión privada para el desarrollo de infraestructura, aunque hasta el momento no se registran avances significativos en nuevos proyectos.

En esta etapa, tres grupos económicos aparecen como principales interesados en adquirir la compañía. Entre ellos, Genneia, asociada con Edison Energía y el grupo Newsan; Central Puerto, que también expande su presencia en hidrocarburos vinculados a Vaca Muerta; y Edenor, controlada por Integra Capital.

Analistas del sector advierten que el proceso no implica la llegada de nuevos actores, sino una reconfiguración entre los principales grupos locales que ya participan en generación, distribución y producción de energía. Este escenario podría derivar en una mayor concentración del mercado, en contraste con los principios de competencia promovidos por el Gobierno.

Históricamente, la expansión de la red de alta tensión en Argentina estuvo impulsada principalmente por el Estado, especialmente entre 2006 y 2015. En contraste, durante períodos de políticas de corte liberal, la incorporación de nuevas líneas fue limitada, lo que generó cuellos de botella en la infraestructura.

El transporte eléctrico fue privatizado en la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem, en el marco de la reforma del sector energético basada en la desregulación y apertura al capital privado. En ese contexto se creó Transener, cuya concesión fue otorgada por 95 años.

Tras la crisis de 2001, el Estado recuperó participación en la compañía a través del ingreso de ENARSA, en un intento por reforzar el control sobre una infraestructura estratégica. Sin embargo, el actual proceso retoma la intención de reducir nuevamente esa participación estatal.

El debate sobre la privatización de Transener vuelve a poner en discusión el rol del Estado en sectores clave como la energía. Mientras el Gobierno sostiene que la gestión privada permitirá mejorar la eficiencia, sectores críticos advierten sobre los riesgos de ceder el control de una red estratégica, clave para el desarrollo económico y la soberanía energética del país.