Los tribunales de Villa María atraviesan una compleja y grave crisis institucional

El funcionamiento del Ministerio Público Fiscal en Villa María atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Lejos de tratarse de episodios aislados, la acumulación de denuncias cruzadas, investigaciones abiertas y sospechas sobre prácticas irregulares configuran un escenario de gravedad institucional que genera preocupación tanto en la Fiscalía General como en el Tribunal Superior de Justicia.

Actualmente, dos de los tres fiscales de Instrucción de esa sede —Juliana Companys y René Bossio— se encuentran bajo investigación por su desempeño en casos que tienen a cargo. El cuadro no sólo impacta en sus trayectorias individuales, sino que plantea un interrogante más profundo: ¿puede sostenerse con normalidad el servicio de justicia en un contexto atravesado por este cuadro tan complejo?

La situación de Juliana Companys

En el caso de la fiscal de Instrucción del 2° Turno, enfrenta expedientes judiciales, administrativos y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados provincial. En el plano penal, se tramitan en el Juzgado de Control de Río Segundo, a cargo de María Ligia Tulián, —con intervención de la fiscal de esa ciudad Patricia Baulíes— donde se abrió una investigación jurisdiccional por presunto abuso de autoridad y amenazas.

Una de cal y una de arena para la fiscal de Villa María, Juliana Companys

La causa no es nueva pero sumó una nueva denuncia formalizada en los últimos meses. Ambas tienen en común el tipo de hechos por los cuales se acusa a la fiscal: la forma presuntamente amenazante con que trató a testigos. La presentación más antigua está vinculada al caso por la desaparición de Mariela Bessonart, ocurrida en 2005 y aún sin resolución. La más reciente fue impulsada por la activista Alicia Peresutti, quien acusa a la fiscal de presionar a testigos en una causa donde ella misma fue imputada.

JULIANA COMPANYS. La fiscal del 2° Turno de Villa María enfrenta causas penales, administrativas y denuncias formuladas ante el Jury que todavía no fueron tratadas.

La defensa de Companys, a cargo de los abogados Manuel de Allende y Facundo Cortés Olmedo, sostiene que la acusación ya fue investigada y desestimada por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino y el juez Gustavo Hidalgo. Una denuncia idéntica de Peresutti fue archivada en 2024 por inexistencia de delito, e insisten en que se trata de hechos “ya juzgados”.

A esto se suma una tercera presentación efectuada por el abogado Guillermo Dragotto, defensor de Leonardo Cositorto, quien cuestiona decisiones adoptadas por Companys en el marco de la causa Generación Zoe, entre ellas la imputación por intento de fuga —en marzo de 2023— y la negativa a un traslado por razones médicas.

LA SERIE. La Oficina de Sumarios elevó un informe al TSJ por la participación de Companys en el documental “El vendedor de ilusiones” sobre la causa de Generación Zoe. El tema está a dictamen en la Fiscalía General.

En el primer caso le achacan intervenir sin tener la competencia para hacerlo porque hay una instrucción de Fiscalía General que concentra todos los delitos que se cometan en el complejo penitenciario de Bouwer en la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Córdoba, a cargo de José Mana. El segundo hecho que le endilgan es que, sin fundamento convincente, no le permitió a Cositorto viajar a Buenos Aires para el tratamiento de una enfermedad.

LEONARDO COSITORTO. Juliana Companys fue la fiscal que pidió su detención en 2022. Luego, él presentó una serie de denuncias penales, disciplinarias y en el Jury.

En paralelo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados acumula hasta el momento tres pedidos de destitución contra la fiscal, presentados por distintos abogados.

Por último, hay una derivación del sumario administrativo. La Oficina que depende del Tribunal Superior de Justicia elevó su informe. Este fue remitido a la Fiscalía General donde está a dictamen de la Relatoría. El contenido está vinculado, entre otros hechos, a su participación en el documental de Netflix “El vendedor de ilusiones”, referido a las estafas de Generación Zoe y su principal referente.

Bossio, una denuncia con graves implicancias.

El fiscal de Instrucción del 3er turno, René Bossio, fue denunciado por la abogada Teodora Perassi, quien sostiene la existencia de una presunta trama de acuerdos irregulares dentro del sistema judicial de Villa María. Según su presentación, habría “negociaciones con dinero de por medio” en distintas causas, incluyendo pagos a víctimas o intermediaciones informales antes de instancias procesales clave. En la explicación de la letrada, el funcionario sobre el cual su colega Juliana Companys solicitó investigación jurisdiccional, sería la punta de un iceberg.

RENÉ BOSSIO. Fue denunciado por la abogada Teodora Perassi quien asegura que habría más magistrados implicados en una presunta trama de corrupción desde su perspectiva.

La denuncia también involucra al abogado Marcelo Silvano, quien respondió públicamente rechazando las acusaciones y denunciando filtraciones de información protegida por el secreto de sumario. Silvano sugiere que la denuncia aparece en un momento estratégico, coincidiendo con el avance de investigaciones contra Companys y plantea dudas sobre los vínculos profesionales entre los denunciantes. En este contexto, además de pedir al Juzgado la investigación del magistrado Companys imputó al abogado Silvano.

El conflicto ya tiene efectos concretos en la dinámica judicial. Bossio se inhibió en todas las causas donde interviene Perassi, lo que obligó a redistribuir expedientes y recargó el sistema. A su vez, la jueza de Control de Villa María, María Soledad Dottori, decidió apartarse de las investigaciones a Bossio, por lo que deberá intervenir otro juzgado a definir por el Tribunal Superior.

MARCELO SILVANO. El abogado denunció en el Tribunal de Ética de Magistrados a Juliana Companys, pero el organismo no promovió ninguna sanción. Ahora la fiscal lo imputó junto al fiscal René Bossio.

El entramado se complejiza aún más si se recuerda un antecedente reciente. Existió una denuncia contra Companys por una presunta amenaza que habría recibido el exrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Luis Negretti. El caso fue archivado. El dato, en esta oportunidad, es que Negretti es esposo de la fiscal de Instrucción del 1er Turno de la misma sede, Silvia Maldonado, lo que refuerza la impresión de un clima interno hostil marcado por tensiones personales y profesionales.

En Villa María, la crisis ya no es un asunto interno: se ha convertido en un problema estructural que interpela al conjunto del Poder Judicial.