El Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió intervenir el área técnica que participó en la decisión de otorgar la tenencia de Ángel López a su madre, en el marco de la investigación por el crimen del niño de 4 años.

La medida busca revisar el accionar de los profesionales que intervinieron en el caso, luego de que la autopsia confirmara lesiones graves compatibles con maltrato infantil.

Auditoría y control del equipo interdisciplinario

La intervención, dispuesta por unanimidad mediante un acuerdo plenario, tendrá una duración inicial de 60 días.

El tribunal designó a la camarista María Marta Nieto para encabezar una auditoría integral sobre el desempeño del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Circunscripción Judicial N° II.

La magistrada deberá presentar informes semanales con el avance del análisis.

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Revisarán todo el proceso judicial y técnico

La auditoría no se limitará a un área puntual. El objetivo es evaluar de manera integral el funcionamiento de todos los actores que intervinieron en el caso:

• Juzgados de familia
• Equipos técnicos interdisciplinarios
• Servicios de protección de derechos

El análisis apunta a determinar si se cumplieron los protocolos y si hubo fallas en la intervención estatal previa al crimen.

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La autopsia: lesiones graves y signos de maltrato

El informe forense confirmó que el niño presentaba múltiples lesiones, entre ellas traumatismos craneales, hemorragias y un cuadro compatible con el llamado “síndrome del sacudón”.

Según los fiscales, estos elementos evidencian un episodio de violencia extrema que derivó en un edema cerebral severo y la muerte.

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 Investigación penal y detenidos con prisión preventiva

En paralelo a la intervención judicial, la causa penal sigue avanzando.

La madre del menor y su pareja permanecen detenidos con prisión preventiva, imputados por homicidio, en base a las pruebas recolectadas hasta el momento.

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Impacto institucional y revisión del sistema

La decisión del Superior Tribunal se da en un contexto de fuerte conmoción social y cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial en casos de familia.

Desde el máximo órgano judicial señalaron que se realizará un análisis profundo antes de definir eventuales responsabilidades o medidas correctivas, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

No todo es apacible en los pueblos del interior neuquino, donde pareciera que la vida en tranquilidad no está contaminada por las redes sociales, las estafas y el mal uso de las tecnologías.

Sin embargo, un vecino de la localidad de Buta Ranquil, fue acusado por haber realizado presuntas transferencias de dinero sin autorización nada más y nada menos que desde cuentas de dos de sus amigos.

La Justicia le imputó el delito de estafa en concurso real y avanzó con la formulación de cargos, estableciendo un plazo de investigación de un mes para profundizar en el caso.

Los casos

Uno de los episodios ocurrió en agosto de 2025, cuando el acusado habría accedido al teléfono de una de las víctimas mientras se encontraba en su domicilio. En ese contexto, habría ingresado a la aplicación Mercado Pago y realizado tres transferencias por un total cercano a los $960.000 hacia su propia cuenta.

El segundo episodio investigado data de febrero de 2025, cuando otra víctima le habría solicitado ayuda para transferir dinero obtenido a través de un crédito en la misma plataforma. Según la acusación, el imputado habría desviado sin autorización dos transferencias por un monto de $200.000 hacia una cuenta bancaria a nombre de su madre, lo que elevó el total del presunto perjuicio económico.

Un automóvil fue secuestrado este martes por la mañana luego de que personal de la Planta de Verificación detectara anomalías en su identificación durante un control de rutina.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00, cuando una mujer se presentó para realizar la verificación policial del rodado.

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Inconsistencias en el número de chasis

Durante la inspección, los efectivos constataron que la base del número de chasis no coincidía con los datos registrales ni con la documentación presentada por la conductora.

Esta irregularidad encendió las alertas y derivó en una revisión más exhaustiva del vehículo.

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Sospecha de la maniobra conocida como “poncho”

Según informaron fuentes del procedimiento, la base original del chasis habría sido reemplazada por la de otro vehículo, en una práctica ilegal conocida como “poncho”.

Este tipo de maniobra suele utilizarse para encubrir la procedencia de autos robados o con pedido de secuestro.

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Intervención judicial y secuestro del vehículo

Ante la situación, se dio inmediata intervención a la magistratura correspondiente, que dispuso el secuestro del automóvil.

La investigación continuará para determinar el origen del rodado y establecer posibles responsabilidades en la maniobra detectada.