El Gobierno masculla su primera gran victoria política y económica del período inaugurado en octubre del año pasado, luego del rescate de Donald Trump (blanqueado esta misma semana por el presidente norteamericano) y de la posterior victoria legislativa. Si no hay cisnes negros en la comarca (no parecería), esta semana la Modernización Laboral será ley. Será la primera gran consecuencia de aquel triunfo electoral que posibilitó la confección de una mayoría colegiada en el Senado (un histórico bastión peronista regional) y en Diputados. Y será, además, la gran apuesta de Javier Milei para, ahora sí, mejorar la precaria situación de la economía real en general y el empleo argentino en particular. La intención del Presidente y su gabinete es que, antes de que termine marzo, las reglamentaciones estén finalizadas, todos los decretos y las resoluciones correspondientes firmados y publicados en el Boletín Oficial, y que, a lo sumo, para mayo la totalidad de la “Modernización” esté en marcha. Incluyendo la gran creación de Luis “Toto” Caputo, que, a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), quiere revolucionar el sistema financiero y laboral argentino, creando un nuevo instrumento de inversión dentro del mercado de capitales local. Pero la idea oficial va más allá. La intención es formatear una nueva generación de “sindicatos capitalistas” que adhieran al nuevo régimen de reemplazo voluntario del sistema de indemnizaciones sectorial y se conviertan en “inversores”, eligiendo, a la par de los empleadores y los grandes “brokers” criollos, dónde poner el dinero de los empleados potencialmente despedidos en un futuro más o menos cercano.

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Si bien todo depende de la cantidad de gremios que avalen el nuevo régimen (se supone que hay muchos apalabrados y entusiasmados), desde el sistema financiero argentino se especula con que el nuevo fondo de inversión podría manejar unos US$ 3.000 millones en poco tiempo y unos US$ 5.000 millones en el mediano plazo; y convertirse así en un enorme instrumento de influencia en el mercado de capitales local. Por ejemplo, de las decisiones de inversión en un sentido u otro podrían depender grandes inversiones en obras de infraestructura, desarrollo de sectores con potencial de crecimiento o apalancar empresas con futuro semigarantizado. O también transformarse en un nuevo mecanismo de especulación financiera de los clásicos que inundan e inundaron el sistema financiero argentino y comenzar a especular con instrumentos legales, pero de dudosa moralidad y garantizado bombardeo sobre la estabilidad cambiaria y monetaria argentina. Dependerá de la libertad y responsabilidad con la que se reglamente la creación del FAL. El resultado será toda responsabilidad de Caputo y su gente. Para bien o para mal. Habrá algo revolucionario en el nuevo régimen: la aparición de los “sindicatos capitalistas”: convertir a los gremios y sindicatos que adhieran al régimen en accionistas de los futuros fondos de inversión alimentados con dinero proveniente de los aportes voluntarios a los futuros regímenes vinculados al Fondo de Cese Laboral; o, más popularmente llamados, Fondos de Despido, que operarán dentro del FAL. Si bien formalmente la intención surge en momentos de muy mala relación entre el gobierno nacional libertario y la conducción clásica y obligatoriamente “combativa” de la Confederación General de Trabajo (CGT), hay una sospecha permanente de que, por los túneles de las negociaciones con la entidad, se haya acordado cierta pasividad (más allá del paro del jueves) para que la Modernización Laboral sea una realidad. Existe firmemente la idea de que en realidad hay puentes sólidos entre ambas partes y disposición mutua a negociar cuando surgen temas importantes que unan a las dos comarcas. Como, por ejemplo, el mantenimiento de la gran caja de la casta: los aportes a los gremios y a las obras sociales; dos de los capítulos que primero se eyectaron en las negociaciones para que la ley avance en el Senado. La idea parte de los laboratorios del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger y apunta a cambiar, de raíz, la relación entre el Gobierno, el mundo sindical y los trabajadores en relación de dependencia, desde la visión donde el Ejecutivo ve el punto de contacto entre las partes: el dinero. Y la manera en que puede solucionarse de raíz uno de los problemas más complejos a los que siempre apuntan los privados: cómo solventar un sistema de despidos extremadamente costoso, al punto de convertirse en una traba sustancial en el momento de evaluar la contratación de nuevos empleados en relación de dependencia. Esto es, en blanco. La intención es replicar una experiencia aparentemente exitosa traída de las huestes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la que regula de manera flexible el momento en que un trabajador del gremio queda sin actividad por la finalización de una obra. El mecanismo de este Fondo de Cese Laboral, amparado por ley, reemplaza a la indemnización por antigüedad y es financiado con aportes mensuales del empleador. Este porcentaje es del 12% durante el primer año de la relación laboral y del 8% a partir del segundo año y, en caso de despido o finalización de obra, el trabajador puede retirar el dinero acumulado en el fondo. Para esto debe tener al menos ocho meses de trabajo con aportes en los últimos dos años anteriores al despido o finalización de obra. Con matices, es el esquema que se quiere implementar con el FAL. Según la norma, el sistema es voluntario (a través del aval de los gremios) y se establece desde el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente. Y aquí viene la novedad capitalista: se administrará a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), con la participación directa en el esquema de decisión de los sindicatos que lo formen. Dicho de otra manera, los gremios podrán incorporar integrantes a la sociedad que tomará decisiones de inversión financiera o real para manejar el dinero que los trabajadores y privados aportarán al fideicomiso, de donde saldrá la plata para pagar futuras indemnizaciones. Podrán decidir, por ejemplo, si esos fondos se colocan en obras de infraestructura, empresas con potencial crecimiento y emprendimientos privados con futuro; o, en su defecto, apuestas financieras como plazos fijos, acciones, bonos, obligaciones negociables, letras públicas o, por qué no, algún “carry trade”. Todo vale en un fideicomiso avalado y fiscalizado por la CNV, más en tiempos libertarios. Y, en un país abierto, incluso con sindicatos tradicionales y “Gordos” como accionistas. Y, por qué no, también de tendencia de izquierda. Entre los principales ítems, el régimen propone que las cuotapartes o los valores fiduciarios podrán ser a nivel individual, empresa o sectorial; las partes podrán establecer libremente el porcentaje de la remuneración o monto fijo que aportará el empleador para dicha cuenta individual o colectiva y la periodicidad de ese aporte; el Fondo de Cese Laboral será inembargable; los instrumentos creados bajo este régimen solamente podrán recibir suscripciones en el marco de contribuciones y/o aportes de empleadores y/o trabajadores. En caso de aporte por parte de los empleadores, las cuotapartes y los valores fiduciarios estarán cedidos con condición suspensiva a favor de los trabajadores, de la empresa o del sector. En el caso particular de los FCI creados bajo esta normativa, sus órganos podrán determinar libremente tanto las políticas y los objetivos de inversión como la nómina de activos elegibles, dentro de las reglas de diversificación aplicables a los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, debiendo ajustar los textos reglamentarios de acuerdo con las características del presente régimen. Finalmente, se establece que el trabajador podrá disponer libremente de las cuotapartes en oportunidad de producirse el cambio de titularidad de las mismas a su favor, pero no podrá realizar nuevas suscripciones. En relación con los fondos de inversión, la CNV marca que: 1) no habrá obligación de preparar, presentar o publicar en el sitio web de la CNV un prospecto o suplemento de prospecto; 2) las políticas de inversión que se establezcan en cada FF deberán resultar consistentes con la naturaleza del presente régimen especial y el propio objeto del vehículo; se admitirá la posibilidad de incorporación de fiduciantes; 3) se podrán emitir valores fiduciarios adicionales. Por default, los petroleros, el agro, mineros y los empleados de los otros sectores (no muchos, por cierto) que están en bonanza podrían ser de los primeros en sumarse. Sin embargo, en la mira están los camioneros, comercio y la industria en general (incluyendo, obviamente, la UOM), donde las retribuciones de los afiliados pueden ser una fuente de aportes inolvidable para los fondos de inversión. La idea es convertir a los popes sindicales, especialmente a los más Gordos, en administradores de fondos de inversión. Y que desembarquen en el mundo “trader” y conozcan sus bondades. Especialmente la de multiplicar dinero desde el mercado de capitales. Y, lo mejor, estar por arriba de los bancos y profesionales de la administración de fondos, una tarea que siempre es rendidora.