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A 22 años de la masacre de Patagones, la Corte dejó firme la indemnización a las familias de las víctimas
La Corte Suprema rechazó las apelaciones del Estado nacional y bonaerense y confirmó la indemnización a los familiares de las víctimas de la masacre de Carmen de Patagones.
A casi 22 años de la masacre ocurrida en la escuela Islas Malvinas de Carmen de Patagones, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena que obliga al Estado nacional y a la provincia de Buenos Aires a indemnizar a los familiares de las víctimas fatales del ataque perpetrado en septiembre de 2004.
La decisión del máximo tribunal llegó tras rechazar los recursos extraordinarios presentados por el Estado nacional, a través del Ministerio de Seguridad y la Prefectura Naval Argentina, y por la Fiscalía de Estado bonaerense, lo que dejó firme la responsabilidad establecida en instancias judiciales anteriores.
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Un fallo que cierra un largo recorrido judicial
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los planteos bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El caso corresponde a la demanda iniciada por la madre de Sandra Núñez, una de las tres estudiantes asesinadas durante la masacre ocurrida el 28 de septiembre de 2004.
La Corte ya había adoptado un criterio similar el año pasado en la causa impulsada por la familia de Federico Ponce, otra de las víctimas fatales. En tanto, la demanda presentada por los familiares de Evangelina Miranda, la tercera adolescente fallecida, obtuvo sentencia de primera instancia en octubre de 2024.
El ataque que conmocionó al país
La tragedia ocurrió en la Escuela de Enseñanza Media N.º 202 “Islas Malvinas”, cuando Rafael “Juniors” Solich, de 15 años, ingresó armado al aula y disparó contra sus compañeros de primer año del Polimodal.
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Como consecuencia del ataque murieron Sandra Núñez, Federico Ponce y Evangelina Miranda, mientras que otros cinco estudiantes resultaron heridos. Debido a que era menor de edad al momento del hecho, Solich fue declarado inimputable por la Justicia.
Por qué fueron responsabilizados el Estado y la Prefectura
Durante el proceso judicial, la Justicia Federal de Bahía Blanca concluyó que la escuela no respondió de manera adecuada a los problemas de conducta que el adolescente había manifestado previamente y sobre los cuales existían advertencias de docentes y directivos.
Los magistrados entendieron que el establecimiento educativo no adoptó medidas suficientes para prevenir una situación de riesgo que ya había sido advertida dentro de la comunidad escolar.
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A su vez, también se responsabilizó a la Prefectura Naval Argentina debido a que el arma utilizada en la masacre pertenecía a la fuerza y había sido asignada al padre del adolescente, quien incumplió con el deber de custodiarla correctamente.
Tanto el Estado nacional como el provincial intentaron revertir esas decisiones mediante recursos ante la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó los planteos y dejó firme la obligación de indemnizar a los familiares de las víctimas, cerrando uno de los capítulos judiciales más relevantes derivados de una de las tragedias escolares más recordadas de la Argentina.
