Baja de imputabilidad: el Ejecutivo dio marcha atrás y reenviará el proyecto al Congreso

El Ejecutivo decidió retirar la iniciativa enviada esta semana tras incluir en el dictamen una edad de imputabilidad distinta a la consensuada. El texto será reenviado con modificaciones.
El Gobierno nacional decidió retirar el proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil a pocos días de su tratamiento en el Congreso. La medida se tomó luego de que el dictamen remitido incluyera una edad de imputabilidad diferente a la que había sido consensuada con bloques aliados.Según se informó, el oficialismo incorporó en el texto la edad de 13 años como límite de imputabilidad, cuando el acuerdo político alcanzado establecía los 14 años, tal como figuraba en la versión del año pasado. Esta diferencia motivó la decisión de dar marcha atrás y reenviar el proyecto con la corrección correspondiente.El Ejecutivo anticipó que este martes volverá a enviar la iniciativa al Congreso con la edad fijada en 14 años, conforme al consenso previo.Qué propone la Reforma Penal JuvenilEl eje central del proyecto es reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, incorporando a adolescentes al sistema penal bajo un régimen diferenciado del de adultos.La iniciativa contempla que la privación de libertad sea el último recurso y prioriza medidas alternativas, como tareas comunitarias, programas de reparación del daño y acompañamiento socioeducativo. Para delitos graves, prevé penas máximas que podrían alcanzar los 15 años de prisión efectiva.Además, establece la creación de un sistema penal juvenil autónomo, con jueces especializados y procesos judiciales adaptados a la edad de los imputados. También incluye programas obligatorios de educación, capacitación laboral y asistencia psicológica.Financiamiento y cambios en la nueva versiónEn comparación con el proyecto que había obtenido dictamen en mayo de 2025, la nueva versión incorpora una asignación específica de recursos para garantizar su implementación.Se prevén más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de financiar la estructura necesaria para aplicar el régimen. En el texto original, el financiamiento quedaba sujeto a la decisión de la Jefatura de Gabinete, lo que generaba dudas sobre su viabilidad práctica.El régimen vigente en Argentina establece que los menores de 16 años no son punibles y que los adolescentes de 16 y 17 pueden ser juzgados únicamente por delitos graves bajo un esquema especial. La reforma busca modificar ese marco normativo, al que desde el Ejecutivo califican como desactualizado.