Intento de extorsión en Centenario: cinco imputados pagarán $5 millones y realizarán tareas comunitarias

La Justicia de Neuquén dispuso la suspensión de juicio a prueba para cinco hombres acusados por un intento de extorsión contra un trabajador de la construcción en la ciudad de Centenario. Como parte del acuerdo, deberán pagar en conjunto $5 millones en concepto de reparación económica y realizar tareas comunitarias.

La medida fue solicitada por el fiscal del caso Juan Narváez y el asistente letrado Facundo Bernat, y fue aceptada por la jueza de garantías Carina Álvarez durante una audiencia realizada este jueves. Además del pago, los imputados deberán cumplir reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 23 de abril de 2025 en una obra ubicada en el barrio Parque Industrial de Centenario. Según la acusación, uno de los acusados se presentó en el lugar y le manifestó al trabajador que “tendrían que haber arreglado con ellos”, en referencia a un contacto telefónico previo en el que se había identificado como integrante de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

En ese llamado, de acuerdo con la teoría del caso, se le había exigido al trabajador el pago de $4.000.000 para permitir que continuaran las tareas de construcción de un galpón en el predio.

Tras la negativa del trabajador, el hombre se retiró del lugar y regresó aproximadamente dos horas más tarde acompañado por otros cuatro involucrados. En ese momento reiteraron la exigencia económica. La situación fue denunciada y personal policial acudió al lugar, donde demoró a tres de los sospechosos e impidió que la maniobra se concretara.

El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como extorsión en grado de tentativa, en carácter de coautores, según lo previsto en los artículos 168, 42 y 45 del Código Penal.

Como parte de la salida alternativa, cada imputado deberá abonar $1.000.000 en concepto de reparación económica, lo que totaliza $5.000.000. Además, deberán realizar tareas comunitarias en una asociación civil.

La magistrada fijó distintos plazos de suspensión del proceso según el grado de participación atribuido a cada acusado: dos años y seis meses para F.V.J.O.; un año y seis meses para L.A.M. y A.J.A.; y un año para L.A.A. y E.F.A.C. Durante ese período deberán cumplir las pautas impuestas por la Justicia para evitar que el proceso penal se reactive.